MADRID.- Los tratamientos para el cáncer son uno de los grupos de medicamentos
con precios más altos y que más ingresos generan para la industria
farmacéutica, si bien hay una "importante" inversión pública en las
fases de investigación y en los ensayos clínicos de muchos de los
fármacos, según el informe Los medicamentos para el cáncer: altos precios y desigualdad, publicado por la campaña No es Sano.
Y es que, el "imparable" crecimiento de los precios de los medicamentos
oncológicos, que se han duplicado en solo diez años, está teniendo un
impacto directo en los sistemas de salud de todo el mundo, incrementando
el gasto farmacéutico y limitando su acceso en muchos países. En
España, algunas de las terapias más empleadas para tratar tumores
alcanzan los 30.000, 40.000 y hasta 100.000 euros por paciente al año.
Unos precios "inasumibles" para el sistema sanitario, sobre todo
teniendo en cuenta que cada vez es mayor el número de casos
diagnosticados, que pasará de 247.000 en 2015 a 315.000 en 2035, casi un
treinta por ciento más, según las previsiones.
A este respecto, Farmaindustria
aclara a través de un comunicado que "el coste que suponen los
medicamentos contra el cáncer para la sanidad pública está en torno al
10% del gasto farmacéutico en España. En 2014, de los 61.947 millones de euros de gasto sanitario total del conjunto del Sistema Nacional de Salud,
sólo 1.656 correspondieron al gasto farmacéutico en oncología".
Y
añade: "Es un coste que se ha mantenido estable desde 2009 en términos
relativos, a pesar del aumento de la incidencia registrado en estos años
-y por tanto al mayor número de pacientes tratados- y pese a que en
esos años se han incorporado más de 40 nuevos antitumorales".
En dicho
comunicado, Farmaindustria recuerda un estudio que sitúa el gasto de los
fármacos contra el cáncer en el 35% del gasto sanitario en oncología.
Esta situación, tal y como han recordado expertos de la campaña, se
debe a un sistema de propiedad intelectual que deja en manos de las
compañías farmacéuticas la fijación de los precios de los fármacos y a
un marco regulatorio poco transparente que beneficia a la industria en
detrimento del interés público.
El actual sistema de patentes pretende garantizar la recuperación de los recursos invertidos en investigación,
pero la realidad es que no podemos conocer esos costes porque son
secretos y los datos que se publicitan no tienen en cuenta la inversión
pública. Esta "falta de transparencia" da lugar a que
la industria fije los precios de los fármacos arbitrariamente, en
función de la capacidad del mercado de cada país.
Por su parte,
Farmaindustria recuerda que "el sistema de patentes ha logrado a lo
largo de los años garantizar la inversión en I+D en un ámbito de tan
alto riesgo como el de los medicamentos, y genera, una vez que finaliza
la protección del nuevo medicamento, una gran reducción del precio que
permite a su vez liberar recursos para atender otras necesidades y
también para financiar la innovación".
Una "opacidad" a la que
hay que añadir el hecho de que las negociaciones con las
administraciones públicas están sujetas a acuerdos de confidencialidad
que impiden hacer público cuánto se paga por los medicamentos.
En este sentido, el
informe destaca que en España "no es posible" acceder a los acuerdos de
precios fijados entre el Gobierno y la industria para estos fármacos de
uso hospitalario y, dado que el peso presupuestario recae
sobre las comunidades autónomas, este secretismo llega a provocar que
los ya altos precios sean además diferentes entre regiones e, incluso,
entre hospitales, poniendo en "peligro" los recursos finitos del sistema
sanitario y obligando a recortar de otras partidas "muy necesarias",
como la contratación de personal médico, el cuidado y la atención a los
pacientes o los equipos para diagnosticar enfermedades.
En cuanto
a los precios de los medicamentos de prescripción financiados por el
Sistema Nacional de Salud, Farmaindustria subraya que "son fijados por
la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, adscrita al
MSSSI, en la que participan representantes de los ministerios de
Sanidad, de Economía y de Hacienda, además de seis representantes de
otras tantas CCAA".
Casos concretos de fármacos
En concreto, el estudio analiza cuatro casos concretos de algunos de
los fármacos clave para el tratamiento del cáncer que generan "enormes
ingresos" a las compañías que los comercializan y que destacan por una
"importante" inversión pública en su fase de desarrollo.
La
investigación de trastuzumab, para cáncer de mama, fue apoyada en gran
parte por filántropos y fundaciones y casi el 50% de los ensayos
clínicos se realizaron con presupuesto de universidades, centros de
investigación o fundaciones sin ánimo de lucro. "Hoy es uno de los
productos estrella de Roche y ha generado más de 60.000 millones en
ventas desde su comercialización", ha destacado.
En los casos de
alemtuzumab (Sanofi) y bevacizumab (Roche), otros dos fármacos
estudiados, el informe revela que el 70% y el 50% de los ensayos
clínicos, respectivamente, han sido financiados por universidades,
centros de investigación o fundaciones sin ánimo de lucro.
Asimismo, el estudio analiza las nuevas inmunoterapias,
las terapias CAR-T. Se trata de nuevos tratamientos que modifican las
propias células del sistema inmunitario del paciente para que detecte y
destruya a las células causantes del cáncer.
Recientemente, se ha
aprobado la comercialización en Estados Unidos de 'Kymriah' (Novartis) y
'Yescarta' (Gilead) con precios de salida que superan los 380.000 euros
(475.000 dólares) en el primer caso y los 300.000 (373.000 dólares) en
el segundo.
Una vez más, gran parte de la investigación que ha dado lugar a estas terapias proviene de recursos públicos,
más de 242 millones de euros (300 millones de dólares) solo en Estados
Unidos, y más del 60 por ciento de los ensayos clínicos se han
financiado a través de universidades, centros de investigación o
fundaciones sin ánimo de lucro.
Para Farmaindustria, "abordar la
cuestión del precio de un determinado fármaco desde posicionamientos
meramente ideológicos y simplistas es tratar de generar un debate que no
se ajusta a la realidad del sector ni a los estándares internacionales
de I+D de la industria farmacéutica innovadora".
Como subraya en el
comunicado, la investigación y desarrollo de un medicamento "es un
proceso largo, arriesgado y costoso. Puede tardar hasta 14 años y
suponer una inversión de más de 2.400 millones de euros".
Sólo una de
cada 10.000 moléculas inicialmente investigadas llegan finalmente a
convertirse en medicamentos. "Más allá del gasto inmediato que pueda
suponer financiar un medicamento, en el medio y largo plazo supone una
inversión que genera un retorno mucho mayor, tanto para el paciente como
para la sociedad en su conjunto en términos de aumento de la esperanza
de vida y de la calidad de los años vividos", por ejemplo.
Asimismo, los casos de alemtuzumab y bevacizumab reflejan, además,
algunas de las muchas estrategias comerciales a las que recurre la
industria para maximizar beneficios.
De hecho, alemtuzumab multiplicó su precio por 15, hasta los 58.0000 euros, en un año. El fármaco, destinado en un principio a tratar un tipo de leucemia,
fue retirado por la empresa y lanzado de nuevo con otro nombre y otro
fin: tratar la esclerosis múltiple entrando así en un nuevo mercado
cuyos medicamentos son más caros.
Bevacizumab, por su parte, es
un fármaco utilizado en diferentes tipos de cáncer, cuyas ventas, desde
2004, superan ya los 61.000 millones de euros. Este medicamento demostró
también su efectividad en el tratamiento de un tipo de ceguera. "La
compañía Genentech/Roche, en vez de solicitar la inclusión de esta
enfermedad en el listado de indicaciones del medicamento, decidió crear
uno nuevo a partir de bevacizumab, con similares resultados, pero con
otro nombre y un precio 100 veces mayor", han dicho desde No es Sano.
Por todo ello, ha solicitado una bajada en los precios de los medicamentos y
que estos se fijen a partir de los costes reales de investigación y
producción, no con criterios arbitrarios; y conocer el precio real de
los medicamentos que estamos pagando a través del sistema sanitario y
transparencia en las negociaciones con la industria farmacéutica.
Del mismo modo, ha solicitado más financiación pública para la
investigación en cáncer (con datos abiertos y accesibles que estén al
servicio de otras investigaciones); más control de los precios de los medicamentos en los que se han invertido fondos públicos
y cambios en el modelo de gestión de la propiedad intelectual para que
las patentes no sean el único incentivo; y la puesta en marcha de
regulaciones que controlen y sancionen los abusos de competencia, como
volver a patentar fármacos antiguos, 'evergreening' o el bloqueo a la
entrada en el mercado de medicamentos genéricos y biosimilares.