El Tribunal con sede en Luxemburgo ha dictaminado que Bruselas no ha dado acceso suficiente a los contratos de vacunas y considera que hay irregularidades en ciertos puntos en los que no se explica la falta de documentos, y acceso a los mismos, a los eurodiputados que los habían reclamado.
Bruselas argumentó que dotar de un amplio acceso a las cláusulas de los contratos hubiera perjudicado a los intereses comerciales de las empresas implicadas. Sin embargo, la justicia europea considera que la Comisión Europea no ha logrado demostrar tales perjuicios.
Contra la sentencia cabe recurso ante la siguiente instancia: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El Tribunal General estima parcialmente los recursos de varios eurodiputados contra esos contratos y anula las decisiones de la Comisión “por contener irregularidades”, informó en un comunicado la corte con sede en Luxemburgo.
Si el recurso se declara fundado, el acto “queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto”, precisó el servicio de prensa del tribunal.
La cuestión tiene que ver con el acuerdo entre la Comisión y los fabricantes de vacunas covid-19 en 2021. El grupo de Los Verdes, uno de los que ha sufrido el cortejo de la candidata alemana para su reelección estos días, llevó a los tribunales la decisión de la alta instancia que dirige Von der Leyen de restringir la información sobre estos contratos.
Algo que afecta al conocimiento de, entre otros asuntos, el precio unitario de la vacuna, los anticipos, la responsabilidad por los efectos secundarios y las indemnizaciones.
Una de las cuestiones básicas rechazadas por el Tribunal es que la Comisión se negó a revelar los datos personales de los funcionarios que negociaron la compra de las vacunas. Los Verdes han celebrado la sentencia como una victoria contra “la influencia de los lobbies en la política europea”.
Von der Leyen ha sido señalada por la compra masiva de vacunas organizada en los tiempos del coronavirus. En mayo, un mes antes de las elecciones europeas, la Fiscalía de la UE anunció que la investigación por presuntas irregularidades en la contratación con Pfizer —uno de los principales suministradores— se suspendía hasta diciembre.
En este caso se investigan las llamadas y mensajes intercambiados entre la presidenta de la Comisión y el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla. Von der Leyen se ha negado a explicar sobre qué versaron las conversaciones y mensajes con el ejecutivo farmacéutico.
El fallo de hoy puede reforzar a quienes han señalado en el pasado que la ex ministra de Defensa alemana ya debería haber asumido su responsabilidad política por el caso Pfizer.
Fue en 2021, pasada la peor parte del Covid, que varios eurodiputados y particulares pidieron a la Comisión Europea información sobre los contratos de vacunas firmados en las primeras etapas de la pandemia.
La idea era entender las condiciones de los contratos de compra de más de 1.000 millones de dosis de vacunas por valor de 2.700 millones de euros. La que fue la primera compra conjunta a nivel comunitario benefició, principalmente, a la farmacéutica alemana Pfizer.
En este momento, la Comisión Europea solo dio acceso parcial a ciertos contratos. El motivo que esgrimía tras este argumento era que había sido redactado para proteger asuntos de confidencialidad.
Y fue por ello que los eurodiputados elevaron el caso a la justicia europea, que considera que el Ejecutivo comunitario no ha demostrado que "un mayor acceso a estas cláusulas fuera a perjudicar los intereses comerciales de estas empresas".
Bruselas no ha tardado en reaccionar a la sentencia del Tribunal General de la UE. Asegura que estudiará la sentencia de este miércoles y subraya que el dictamen reconoce el derecho de proteger los contratos en lo que se refiere a la ubicación de la producción, los derechos de propiedad intelectual, las disposiciones sobre anticipos o pagos y el acceso a los plazos de entrega.
"En esta fase, la Comisión se reserva sus opciones jurídicas", ha indicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado. "En general, la Comisión concede el mayor acceso posible del público a los documentos, en consonancia con los principios de apertura y transparencia", apunta.
Sin embargo, "en estos casos, la Comisión tuvo que encontrar un difícil equilibrio entre el derecho del público, incluidos los diputados al Parlamento Europeo, a la información, y los requisitos legales derivados de los propios contratos COVID-19, que podrían dar lugar a reclamaciones por daños y perjuicios a costa del dinero de los contribuyentes".
Indemnizaciones si las vacunas resultan defectuosas
El caso analizado se centra en los contratos de adquisición de vacunas para los Estados miembros realizados por la Comisión Europea en 2020 y 2021 con varias farmacéuticas, que desbloquearon rápidamente unos 2.700 millones de euros para comprar más de mil millones de dosis de profilácticos.
Varios eurodiputados ecologistas y particulares solicitaron en 2021 acceder a esos contratos en virtud del Reglamento sobre el acceso a documentos, para comprender sus términos y condiciones, y para cerciorarse de que el interés público quedaba protegido.
Pero la Comisión sólo concedió un acceso parcial a los mismos con párrafos tachados, lo que llevó a los demandantes a llevar el caso ante la justicia europea.
El Tribunal General les da parcialmente la razón y señala sobre las clausulas por eventuales daños y perjuicios que “dichas empresas deberían pagar si sus vacunas son defectuosas”.
“El productor es responsable de los daños causados por los defectos de sus productos, y su responsabilidad no puede quedar limitada o excluida, en relación al perjudicado, en virtud de cláusulas limitativas o exoneratorias de la responsabilidad”, señala el TGUE.
Los jueces de Luxemburgo agregan, no obstante, que ninguna disposición “prohíbe que un tercero reembolse los daños y perjuicios que un productor haya pagado por ser defectuoso su producto”.
La sentencia subraya también que esas cláusulas de los contratos “habían sido respaldadas por los Estados miembros y eran de dominio público”.
Pero añade que la Comisión no demostró que haber dado un acceso más amplio a esas cláusulas hubiera podido suponer “efectivamente un perjuicio para los intereses comerciales de dichas empresas”.
Bruselas tampoco proporcionó explicaciones suficientes para poder establecer de qué manera concreta podría suponer un perjuicio para los intereses comerciales de las farmacéuticas en lo relativo a posibles indemnizaciones aportar “explicaciones suficientes” sobre las definiciones “conducta dolosa” y “todos los esfuerzos razonables posibles” contenidas en algunos de los contratos y en los términos de posibles donaciones y reventas.
El TGUE también censura el comportamiento del Ejecutivo comunitario en lo relativo a la protección de la intimidad de las personas argumentada por la Comisión Europea para denegar parcialmente el acceso a las declaraciones de inexistencia de conflicto de interés de los miembros del equipo de negociación de los contratos.
“Únicamente disponiendo de sus apellidos, nombres y su función profesional o institucional habrían podido comprobar que los miembros en cuestión no se encontraban en una situación de conflicto de intereses”, dice la Corte.
La sentencia añade que la Comisión Europea “no tuvo suficientemente en cuenta todas las circunstancias pertinentes a fin de ponderar correctamente los intereses concurrentes, relativos a la inexistencia de conflicto de intereses y al riesgo de violación de la intimidad de los interesados”.
