Todos los grupos del Congreso han acordado admitir a trámite una proposición de ley de ley de Izquierda Unida para modificar la Ley General de Sanidad, que acaba de cumplir 25 años, con el fin de universalizar el derecho a la asistencia sanitaria pública a las personas con nacionalidad española y residencia en territorio nacional.
El encargado de defender la proposición de ley de IU ha sido el propio presidente de la Comisión de Sanidad, Gaspar Llamazares, quien ha querido llamar la atención sobre la "extendida idea" de que el Sistema Nacional de Salud "es universal y que cubre a toda la población española, sin que ello sea "más que una verdad a medias".
Así, ha alertado de que sigue habiendo ciudadanos que tienen cubierta la asistencia sanitaria de la Seguridad Social (ASSS), a pesar de que ésta es financiada en su totalidad por impuestos desde hace varios años.
De igual forma que tampoco esta asistencia sanitaria es igual para todos. A su juicio, existen coberturas especiales para ciertos grupos sociales, tales como funcionarios, empresas colaboradoras o determinados convenios especiales.
En este sentido, ha detallado que unas 200.000 personas no tienen derecho a cobertura sanitaria u otro seguro público y se estima en un coste en torno a los 150 millones. "Por todo ello, es necesario, y no se debiera demorar por más tiempo, proclamar el derecho a la cobertura sanitaria pública como toda la población por igual, con igual título, e igual contenido en todo el territorio", ha reiterado.
En concreto, en la proposición de ley IU demanda que se especifique que, mientras no se produzca su integración en la Seguridad Social, no será gratuita la asistencia sanitaria pública para quienes hayan optado por sistemas mutuales alternativos que cubran esta asistencia, ni para quienes, estando incluidos en alguna mutualidad, no hayan optado por recibir las prestaciones sanitarias a través de la red pública.
Se propone también que las normas de utilización de los servicios sanitarios sean iguales para todos, independientemente de la condición en que se acceda a los mismos, además de que, entre otros aspectos, se analice el coste anual de la asistencia sanitaria pública derivada de accidentes de tráfico, si se están produciendo situaciones de doble cobertura de la asistencia sanitaria, o se valore, por ejemplo, la calidad de las prestaciones sanitarias.
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