La revista estadounidense The Nation, que
goza de gran prestigio en el mundo intelectual de EEUU por su rigor y
por su actitud crítica hacia la “sabiduría convencional del país”,
publicó un artículo (“How Big Wireless Made Us Think That Cell Phones Are Safe: A Special Investigation”, The Nation,
29.03.18) de un enorme interés que está causando un gran debate en
aquel y otros países, debate que lamentablemente no se ha dado en
España.
En este artículo sus autores, Mark Hertsgaard y Mark Dowie, detallan
cómo la industria de los móviles (cell phones) ha sistemáticamente
menospreciado la evidencia de que los móviles pueden producir cáncer de
cerebro en los seres humanos que los utilizan.
Y
documentan
que, debido al gran poder de esta industria y su gran influencia sobre
organismos nacionales e internacionales como el gobierno de EEUU, gran
número de los gobiernos de los países de la Unión Europea, la Comisión
Europea e, incluso, la Organización Mundial de la Salud (OMS), se
está minimizando el riesgo que la utilización de tales móviles tiene
para la salud de la población, y muy en particular para la salud de
niños y niñas y adolescentes (aconsejo la lectura de este artículo, del
cual extraigo la mayor parte de datos presentados en este ensayo).
La historia parece repetirse: recuerden lo que pasó con el tabaco y con las energías no renovables
Es de sobras conocido que la industria tabacalera jugó un papel clave
en negar primero y trivializar después la evidencia de los impactos
negativos en la salud de la gente (incluyendo la producción de cáncer de
pulmón) al fumar tabaco.
Tal campaña retrasó el reconocimiento de este
daño durante varias décadas, aplazando con ello las medidas públicas de
intervención para disminuir y eliminar el enorme perjuicio causado por
el tabaco en la salud de la población. Una situación semejante ocurrió
con la utilización del carbón, petróleo y gas, cuyas industrias
productivas y distribuidoras negaron (y algunas continúan negando) que
la utilización de tales sustancias estuvieran elevando el nivel del
calentamiento del planeta a niveles alarmantes.
En ambos caso,
sin embargo, la evidencia científica acumulada ha ido dando la razón a
los que ya hace años alertaron de los perjuicios que el consumo de tales
sustancias podría generar en la salud del planeta y de su población.
Parece que, según apunta este artículo, algo semejante podría estar
ocurriendo ahora con los teléfonos móviles. Hay evidencia de que su
utilización puede tener efectos nocivos, incluyendo la generación de
cánceres de cerebro en el lado donde se utiliza el móvil.
Cómo comenzó a notarse que podía haber un problema con los móviles
La historia comenzó cuando se introdujeron y se permitió su uso en el
mercado estadounidense en 1983. Diez años más tarde, 1993, había seis
subscripciones a móviles por cada 100 habitantes en EEUU. Era el inicio
de una enorme expansión. Fue en este año, sin embargo, cuando un
ciudadano David Reynard llevó a los tribunales a la NEC American
Company alegando que la utilización del móvil había causado a su mujer
el cáncer de cerebro que había adquirido. Cuando el caso
apareció en los medios, incluyendo en la televisión, creó una enorme
alarma y el valor de tales compañías en la bolsa bajó en picado.
Fue entonces que la industria respondió y creó, dos años más tarde,
el Wireless Technology Research Project (WTR), el centro de
investigación más grande (financiado con 28 millones de dólares) para
investigar la seguridad (safety) en la utilización de los móviles. La
creación de tal agencia privada de investigación fue acogida con
grandes reservas por parte de la comunidad científica, pues es de sobras
conocido que cuando tales institutos de investigación están financiados
por las industrias que se benefician de la venta de los productos
analizados tienen escasa credibilidad, ya que sus estudios casi siempre
acaban avalando los puntos de vista de las empresas que los financian.
La predecible respuesta de la industria del móvil
La experiencia de lo que ocurrió
con el tabaco y con las “energías no
renovables” enseñó a las industrias que, frente a la evidencia
científica que cuestiona la salubridad de sus productos es aconsejable
no negar tal evidencia pero en su lugar señalar que la evidencia no es
suficientemente concluyente.
Así, frente a cada estudio que presenta evidencia que sí que crean
alteraciones biológicas como cánceres, la industria presenta otros
tantos que no muestran tal evidencia, creando así la impresión de que no
se puede llegar a una conclusión. Así, según el artículo, cuando el
investigador Henry Lai analizó 326 estudios realizados entre 1990 y
2005, vio que un 56% mostraban que había un efecto biológico en el
usuario como resultado de la radicación producida por el móvil, pero a
la vez señalaba que un 44% concluyeron que no lo había.
Pero cuando Lai
recategorizó los estudios según estuvieran o no financiados por la
industria, dichos porcentajes variaron: un 67% de los estudios
financiados de forma independiente encontraron un efecto biológico,
mientras que tan solo el 28% de los estudios financiados por la
industria llegaron a la misma conclusión. Tal estudio fue replicado y
publicado en la revista Environmental Health Perspectives, la cual concluyó que los
estudios financiados por la industria eran 2,5 veces menos favorables a
la tesis de daño que los no financiados por la industria.
El objetivo de la industria era y es mostrar que la evidencia del daño que podría causarse no es definitiva
Ahora bien, lo importante para la industria es promover la opinión de que la evidencia no es concluyente. Pero en
cualquier caso, cabe resaltar, como señalan los autores del artículo,
que las compañías de seguros no han querido asegurar a las compañías de
producción y distribución de móviles en cuanto a daños biológicos
(cáncer o cambios genéticos) producidos por los móviles se refiere.
Como bien reconocen los autores del artículo citado, no hay pruebas definitivas de tal daño.
En realidad, su artículo no está orientado a presentar la evidencia
existente sobre tal daño, sino a cómo la industria del móvil está
oponiéndose a que se informe objetivamente a la población, pues lo que
es fundamental es que se sepa que hay un riesgo frente al cual la
población puede protegerse.
Citan así a la Dra. Annie Sasco, la ex
directora de epidemiología para la prevención del cáncer del Instituto
Nacional de Salud e Investigación Sanitaria del Estado francés, la que
ha indicado que “la ausencia de evidencias concluyentes de que
una nueva tecnología pueda tener efectos nocivos no significa que no
haya ausencia de riesgo”. De ahí que, en base a que exista tal riesgo, Francia
haya tomado toda una serie de medidas para proteger a los grupos más
vulnerables como la infancia y la adolescencia. Y medidas semejantes han
sido tomadas en el Reino Unido.
En EEUU, sin embargo, la enorme influencia de un grupo industrial
(que incluye nombres tan notables como Apple, AT&T, Motorola,
Ericsson, Nokia, Samsung, Sony, GSMA y Deutsche Telekom) sobre el
gobierno federal explica que su agencia reguladora, la Federal
Communications Commission, no haya favorecido la adopción de medidas
correctivas –como ha aconsejado la Academia Americana de Pediatría-,
como la de prevenir el efecto nocivo en los niños y mujeres embarazadas.
La evidencia es que el móvil puede ser un factor de riesgo para la salud y esto no se comunica
Hoy 95 de cada 100 adultos en EEUU tienen un móvil, en una industria
que solo en 2016 tuvo unas ventas de 440.000 millones de dólares en el
mundo. Y los gobiernos y organismos internacionales han sido
especialmente pasivos en cuanto a este tema. La Organización
Mundial de la Salud clasificó por fin el móvil como un “posible”
carcinógeno humano en 2011, aun cuando tal organización conocía de esta
circunstancia desde mucho antes.
En realidad, había estado
estudiando desde 1996 los efectos nocivos de los campos magnéticos de
origen eléctrico, habiendo establecido para ello el estudio Interphone
(financiado con 24 millones de dólares, de los cuales 4,7 millones
venían de la industria de los móviles). Este estudio había ya
indicado que las personas que hacían un uso muy elevado de los móviles
tenían un 80% más de probabilidades de contraer glioma que los usuarios
que los utilizaban con menor frecuencia.
Es urgente y necesario, pues, que la información que exista
sea transmitida a la población y que el Estado tome las medidas
necesarias para proteger la salud de la población, pues esta es su
función más importante. Ni que decir tiene que el móvil es un
instrumento de gran valor y utilidad. Pero es una responsabilidad
esencial que se informe a la población de los riesgos que puede
conllevar, y que los Estados tomen las medidas pertinentes para
prevenirlos. No se trata de prohibir la utilización de
tales aparatos para la mayoría de la población sino que las empresas que
los fabrican informen a la población de los riesgos a su salud que su
utilización implica, y que los Estados establezcan medidas preventivas
para minimizar el daño e incluso evitarlo. Y esto tampoco se está
haciendo.
Pasos que se han estado tomando en España y en varios países
Una de las instituciones que ha prestado mayor atención a este tema
ha sido la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En su
resolución 1815 “Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y su efecto en el medioambiente” de 2011 alertó
del peligro del gran incremento de los distintos grados de los campos
electromagnéticos. Y ello incluía desde Internet hasta los teléfonos
móviles. Según la misma resolución, se deberían averiguar ya
los niveles de tolerancia del cuerpo humano en la exposición a dichos
campos, y también los niveles y grupos vulnerables a tal exposición,
indicando ya entonces lo que la evidencia científica ha señalado
repetidamente: los niños y niñas y adolescentes.
En España, los parlamentos vasco y
navarro han pedido a sus gobiernos que apliquen tal resolución (que
tiene recomendaciones concretas), petición que ha sido desoída. En
2013, el Defensor del Pueblo Vasco también pidió al Departamento de
Salud que implementara medidas para reducir los niveles de emisión de
radiofrecuencias en las escuelas.
El parlamento navarro también pidió en 2014 la aplicación de
la resolución del Consejo de Europa, lo cual solicitó no solo al
gobierno navarro, sino también al español, pidiendo que se aplicaran
tales recomendaciones, hecho totalmente ignorado por el último también,
mostrando su bien conocida insensibilidad hacia la defensa del usuario y
del consumidor. El Estado español es de los que ha dado menos atención a
la prevención ante riesgos de la salud creados por la utilización de
los móviles.
En Francia en cambio, y como indiqué al principio, el Estado tomó medidas
en 2015 que prohibió la utilización de redes Wifi y teléfonos
inalámbricos en los espacios utilizados para la actividad y descaso de
los infantes por debajo de 3 años. Y en 2016 el Estado estableció los
límites de exposición (según la intensidad de los campos
electromagnéticos) para la salud de los trabajadores, sobre todo para
las mujeres embarazadas.
En Italia, en 2017, el tribunal italiano de Ivrea reconocía una relación
causal entre el uso del teléfono móvil y el tumor cerebral (el primer
tribunal del mundo en reconocer este vínculo causal).
Una última observación
En medio del entusiasmo creado
por la revolución digital se están olvidando los costes de toda supuesta
revolución, ocultando a la población los riesgos de los aparatos
realizados y promovidos por tal revolución. Es
sorprendente el silencio de los medios sobre el enorme riesgo que tales
instrumentos aparatos, como los móviles, suponen para la población. En
realidad, podrían tomarse ya medidas que podrían reducir sensiblemente
tales daños. Pero
el anteponer los intereses comerciales de las empresas a los derechos y
necesidades humanos está haciendo un daño enorme.
La constante
ocultación de información a los usuarios, en muchas ocasiones en
complicidad con el poder político puesto a su servicio, es una de las
causas de que puede que nos enfrentemos a una de las crisis más
importantes en el tiempo que vivimos. Tendría que haber una movilización
popular que forzara a los Estados a tomar medidas que podrían prevenir
tal crisis. Que ello ocurra depende primordialmente de la voluntad
política de los que se llaman a sí mismos “representantes de la
ciudadanía”.
Invito a la ciudadanía a que se movilice para que sus
representantes hagan algo, porque no es un tema menor. Sepa el lector
que es probable que sus representantes, tanto a nivel nacional como
europeo, estén ya recibiendo información para mostrar la seguridad y la
falta de riesgo de lo que venden las empresas. De ahí la urgencia de que
oigan también la voz de la población, que es a la que en definitiva
representan.
(*) Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra
